Artículo desde Francia por Joel Schmidt, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Sciences Po de Estrasburgo. El 29 de Junio 2025. Se puede encontrar el artículo original en el enlace siguiente.
El 14 de noviembre de 2024, el presidente francés Emmanuel Macron anunció su rechazo al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, declarando que no firmará el acuerdo, al menos no en su forma actual. Reconocido por su oposición al proteccionismo, Macron desafía aquí a la Comisión Europea y sus esfuerzos persistentes por concluir un acuerdo histórico con el bloque sudamericano.
Sin embargo, la postura de Francia refleja tanto tensiones políticas internas como una posición firme en torno a los estándares de producción y las preocupaciones climáticas. Aunque la eliminación de aranceles sobre un 7,3 % de diversos bienes busca generar oportunidades económicas para europeos y sudamericanos, el acuerdo ha despertado serias dudas en París, especialmente en un sector: entre los muchos sectores incluidos, automotriz, químico, farmacéutico, textil y de servicios, la agricultura destaca como el motivo principal de oposición francesa.
Competencia y normas agrícolas
Con una producción agrícola de 96 mil millones de euros, Francia es el mayor productor agrícola de Europa. Arraigada en la historia del país, la figura del agricultor desempeña un papel clave en la economía nacional y ha sido históricamente muy activa políticamente. Las crecientes protestas del sector agrícola han perjudicado políticamente al presidente Macron. Aunque los agricultores representan solo alrededor del 8 % del electorado, constituyen una comunidad influyente debido a su inclinación hacia la derecha. Perder su apoyo podría beneficiar considerablemente al partido populista de extrema derecha, el Rassemblement National (RN), que ha denunciado lo que considera prácticas injustas impulsadas desde Bruselas que perjudican la soberanía agrícola de Francia.
Louis Aliot, vicepresidente del RN, calificó el tratado como »catastrófico«, y el partido lanzó una campaña nacional contra este acuerdo que aún debe ser ratificado por los países europeos. »Solo podríamos aceptarlo si existiera reciprocidad en los estándares de producción. Se puede abrir el mercado a productos globales, pero deben cumplir con las mismas reglas«, declaró.
Esta condición es clave para que la clase política francesa siquiera considere aprobar el tratado. La amenaza principal para los agricultores franceses no es necesariamente el volumen de productos sudamericanos, como la carne vacuna, sino la calidad de esas importaciones. Los agricultores de la UE deben cumplir estrictas normas bajo la Política Agrícola Común. La Unión prohíbe, por ejemplo, el uso de hormonas de crecimiento o antibióticos para engorde y aplica políticas de bienestar animal más exigentes que sus contrapartes sudamericanas.
Por ello, los agricultores franceses denuncian lo que consideran una competencia desleal: una paradoja europea donde los productores locales enfrentan regulaciones estrictas mientras que las importaciones se someten a controles de calidad más laxos.
El gobierno francés ha exigido entonces la inclusión de »cláusulas espejo« que obliguen a que los productos importados respeten los mismos estándares de producción que los europeos. Esta postura es coherente, ya que la propia UE ha dictaminado previamente que las importaciones deben cumplir los mismos estándares que la producción interna.
El rechazo francés al tratado se basa, por tanto, principalmente en preocupaciones sanitarias y agrícolas, especialmente dado que el consumo de carne roja en Argentina y Uruguay ha sido vinculado a tasas más altas de cáncer colorrectal.
Desafíos climáticos
El acuerdo ha sido presentado como parte de la estrategia europea para transitar hacia una »economía verde« y reducir la dependencia de países como China, en especial mediante el acceso a minerales estratégicos de Sudamérica como el litio. Sin embargo, desde el informe Ambec de 2020, expertos franceses y europeos han advertido que las posibles ganancias económicas no compensarían los costos ambientales.
Esta paradoja está en el centro de la reticencia francesa. El presidente Macron ha reiterado que los objetivos del Acuerdo de París deben respetarse. Insiste en que cualquier acuerdo comercial UE-Mercosur debe incluir compromisos climáticos vinculantes, así como un mecanismo para suspender el tratado si los países sudamericanos no cumplen con estos estándares.
Las prácticas agrícolas de algunos países del Mercosur —en particular la deforestación del Amazonas para ampliar tierras agrícolas— contradicen directamente los compromisos climáticos de la UE. Además, expertos advierten sobre el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, riesgos sanitarios y disparidades normativas. Por ejemplo, los límites máximos de residuos (LMRs) de pesticidas en Brasil son, en la mayoría de los casos, superiores a los permitidos en Europa o en Francia. El acuerdo actual carece de exigencias vinculantes en áreas clave como el bienestar animal, la calidad de los alimentos para ganado y el uso de agroquímicos, lo que alimenta aún más el escepticismo en París.
El papel de Francia en la política comercial de la UE y su capacidad de bloqueo
Como segunda economía más grande de Europa y actor clave en agricultura, política exterior y defensa, Francia ejerce una influencia considerable sobre sus socios europeos. Con la segunda mayor representación en el Parlamento Europeo y un sistema político que permite decisiones ejecutivas rápidas, Francia suele tener un rol central en la orientación de la UE.
No obstante, el acuerdo UE-Mercosur es negociado por la Comisión Europea, que posee la iniciativa legislativa exclusiva dentro de la Unión. Aun así, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de la UE deben aprobar el acuerdo final. La votación del Consejo es crucial: si se aplica el sistema de mayoría cualificada, Francia deberá reunir socios que representen al menos al 35 % de la población europea para bloquear el tratado. Hasta ahora, solo Polonia ha respaldado formalmente la oposición francesa al acuerdo en su forma actual.
Pero los poderes supranacionales de la UE no son absolutos. Como el tratado abarca competencias tanto de la UE como de los Estados miembros, deberá ser ratificado también por los parlamentos nacionales. Esto significa que el rechazo de un solo país puede bloquear todo el acuerdo. En Francia, el tratado debe pasar por votación parlamentaria tras la revisión del gobierno y de las comisiones correspondientes.
La Comisión Europea también podría optar por dividir el acuerdo en dos partes, como hizo con el tratado entre la UE y Canadá (CETA). En ese caso, solo las disposiciones comerciales que caen bajo competencia exclusiva de la UE se aplicarían de forma inmediata, sin necesidad de ratificación nacional. Esto implicaría que Francia podría tener que aplicar parte del acuerdo incluso si su parlamento no aprueba el texto completo.
¿Qué podría hacer a París cambiar su postura?
Las preocupaciones geopolíticas deben ser tenidas en cuenta. La fuerte presión de socios europeos para encontrar nuevas alternativas comerciales frente a un EE. UU. aislacionista y una China guiada por el mercado podría a largo plazo ir en contra de los intereses de Francia. No obstante, el resultado más probable sería un cambio rápido en los estándares de producción dentro de Sudamérica. Como señal de buena voluntad, será fundamental que los países latinoamericanos reformen sus regulaciones sobre la producción cárnica y establezcan un ciclo productivo más transparente y trazable.
Otros productos podrían también beneficiarse del tratado si los agricultores franceses siguen viendo con recelo la competencia desigual, lo que abriría una oportunidad para que Sudamérica diversifique sus exportaciones. De hecho, la reticencia francesa es también un llamado a la diversificación económica del continente. El potencial sudamericano es vasto y podría dar lugar a nuevas oportunidades en la producción de bienes tecnológicos, reduciendo así su dependencia de las exportaciones agroalimentarias.
Además, el continente debe trabajar de forma conjunta para establecer lineamientos generales de producción, lo que facilitaría un acuerdo con Europa al disminuir las diferencias entre los estándares de calidad de los distintos países. Todos estos factores podrían, en definitiva, llevar a una armonización de la agricultura sudamericana, con beneficios para ambos continentes.
Autor
Joël Schmidt, de 21 años, es estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Sciences Po de Estrasburgo. Apasionado por las culturas y países del mundo, está comprometido con fomentar relaciones internacionales basadas no en el conflicto, sino en la comprensión mutua, el respeto y la cohesión.
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